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21 de septiembre de 2026
Inversiones en energías renovables en Rumanía: terrenos, conexión a la red y autorizaciones
Rumanía sigue siendo un mercado atractivo para las inversiones en energías renovables, especialmente en proyectos de energía solar, energía eólica terrestre y almacenamiento de energía. No obstante, el desarrollo o la adquisición de un proyecto de energía renovable requiere una coordinación minuciosa entre los derechos sobre el terreno, los requisitos urbanísticos y de construcción, la conexión a la red, la autorización desde el punto de vista de la protección del medio ambiente y la autorización de la ANRE.
Los recientes cambios legislativos, incluido el nuevo marco normativo de Rumanía en materia de urbanismo y construcción, así como la introducción, a partir de 2026, de un mecanismo competitivo de asignación de capacidad de red, hacen que la realización de un análisis de diligencia debida jurídica en una fase temprana resulte aún más importante para los inversores.
1. Garantizar la disponibilidad de terrenos para inversiones en energías renovables
Según el Código de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Construcción, que entró en vigor en agosto de 2026, los proyectos de energía renovable se enmarcan en la categoría de obras de ingeniería, ya que constituyen infraestructura energética.
Esta clasificación es relevante para el proceso de autorización. En concreto, el certificado urbanístico para la realización de obras de ingeniería puede solicitarse y expedirse sin que el solicitante sea titular de un derecho real principal sobre el terreno en cuestión. Por consiguiente, el promotor de un proyecto de energía renovable no está obligado a ser propietario del terreno correspondiente al proyecto ni a tener un derecho de superficie en el momento de obtener el certificado urbanístico.
No obstante, antes de iniciar las obras de construcción, el promotor debe garantizar la titularidad del terreno necesario para la concesión y la ejecución de la licencia de obras.
Antes de adquirir un terreno, los inversores deberían comprobar no solo el título de propiedad y las posibles cargas, sino también la situación catastral, la categoría de uso y el régimen agrícola del terreno, los derechos de acceso, las restricciones urbanísticas y la posibilidad de utilizar el terreno tanto para el proyecto como para la infraestructura necesaria para su conexión a la red.
2. Los terrenos agrícolas situados fuera del núcleo urbano
Numerosos proyectos de energía renovable en Rumanía se desarrollan en terrenos agrícolas situados fuera del núcleo urbano. Ley n.º 18/1991 establece un régimen específico que permite, siempre que se cumplan las condiciones previstas por la ley, el desarrollo, en determinadas categorías de terrenos agrícolas, de instalaciones de energía solar y eólica, de unidades de almacenamiento de energía eléctrica, de subestaciones de transformación y de la infraestructura correspondiente, en general, dentro del límite legal de 50 hectáreas.
La ejecución del proyecto puede requerir la retirada definitiva o temporal de la superficie en cuestión del uso agrícola.
La legislación rumana permite, asimismo, en determinadas situaciones, el doble uso de las tierras agrícolas, tanto para actividades agrícolas como para la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. Este régimen puede permitir que se retire del uso agrícola únicamente la superficie ocupada efectivamente por la infraestructura energética, mientras que el resto de la superficie sigue utilizándose con fines agrícolas.
3. Conexión a la red y ATR
La conexión a la red se está convirtiendo cada vez más en uno de los principales riesgos para el desarrollo de los proyectos de energía renovable en Rumanía.
El procedimiento general está regulado por el Reglamento de la ANRE aprobado mediante Orden n.º 59/2013, con las modificaciones y adiciones posteriores. Esto implica, en general, presentar la solicitud de conexión, determinar la solución de conexión y expedir el Dictamen Técnico de Conexión (ATR), la formalización del contrato de conexión, la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones de conexión y, por último, la expedición del certificado de conexión.
La ATR establece las condiciones técnicas en las que el proyecto puede conectarse a la red eléctrica de interés público.
Por lo tanto, para los inversores que adquieren un proyecto, la mera existencia de un ATR no es suficiente. El proceso de diligencia debida debería analizar también su vigencia, la capacidad autorizada, el punto de conexión, las obras de refuerzo de la red, los costes, las garantías y los plazos de ejecución.
4. El nuevo mecanismo de asignación de capacidad de red
Un avance especialmente importante para los inversores es la introducción del mecanismo de asignación de capacidad de red para los proyectos pertinentes con una potencia instalada de al menos 5 MW, aplicable a partir del 1 de enero de 2026.
De acuerdo con la metodología aprobada mediante Orden de la ANRE n.º 53/2024, la capacidad disponible de la red para los proyectos que entran dentro de su ámbito de aplicación se asigna mediante un mecanismo competitivo.
Esto significa que El acceso a la capacidad de la red debe considerarse actualmente como un riesgo de inversión fundamental, y no solo como una cuestión técnica relacionada con el proceso de autorización..
Los inversores deberían determinar, ya desde una fase inicial, si el proyecto entra dentro del ámbito de aplicación del mecanismo de asignación de capacidad y analizar la capacidad disponible, el estado del proceso de asignación, los pagos aplicables y las garantías financieras, el calendario de conexión, así como las consecuencias del incumplimiento de las fases de desarrollo exigidas.
Este aspecto reviste especial importancia en el caso de la adquisición de proyectos presentados como „listos para construir” o que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo: los derechos sobre el terreno y las autorizaciones tienen un valor limitado si el proyecto no cuenta con una solución viable y jurídicamente segura para la conexión a la red.
5. Autorización y concesión de licencias por parte de la ANRE
La conexión a la red es independiente del régimen de autorización y concesión de licencias gestionado por la Autoridad Nacional de Regulación de la Energía (ANRE).
De acuerdo con la Ley n.º 123/2012, los proyectos que superen el umbral establecido por la ley deben obtener una autorizaciones de constitución, mientras que los proyectos que entran dentro de la excepción legal están sujetos al régimen de notificación aplicable.
La explotación comercial de la capacidad de producción está sujeta, además, a los requisitos de licencia de la ANRE aplicables.
Por lo tanto, los inversores deberían asegurarse de que los trámites relacionados con el terreno, la construcción, la conexión a la red y autorización de la ANRE están coordinadas, ya que los retrasos o las modificaciones que se produzcan en uno de estos procesos pueden afectar a la validez o al calendario de los demás.
6. La autorización desde el punto de vista de la protección del medio ambiente
Los proyectos de energía renovable están sujetos a la legislación rumana en materia de protección del medio ambiente, que transpone los requisitos pertinentes del Derecho de la Unión Europea.
En función de la ubicación, las dimensiones y las características del proyecto, la autoridad competente en materia de protección del medio ambiente puede exigir la realización de una evaluaciones de impacto ambiental, una evaluación adecuada en relación con los espacios Natura 2000 y/o una evaluación del impacto sobre las masas de agua.
En función de la ubicación, pueden ser necesarios permisos y autorizaciones adicionales, entre otros, en relación con las áreas protegidas, el patrimonio arqueológico, la gestión de las aguas, la aviación, las infraestructuras de defensa o los sistemas de mejora de tierras.
Las posibles limitaciones medioambientales deberían identificarse, idealmente, ya desde la fase de selección del emplazamiento y análisis jurídico previo, y no después de que ya se hayan incurrido en gastos significativos para el desarrollo del proyecto.
7. Programas de ayuda y aspectos fiscales
Rumanía ha puesto en marcha varios mecanismos de apoyo para las inversiones en energías renovables, incluido Esquema de los contratos por diferencia (Contracts for Difference – CfD) y las oportunidades de financiación disponibles en el marco de los programas europeos y nacionales, incluido el Fondo para la Modernización.
Estos mecanismos pueden mejorar significativamente los parámetros económicos de un proyecto; sin embargo, la elegibilidad y la concesión de la ayuda están sujetas a las normas de cada programa y no deben considerarse automáticamente disponibles para todos los proyectos de energía renovable.
Del mismo modo, la legislación rumana no prevé una exención fiscal general por el mero hecho de que un proyecto genere energía a partir de fuentes renovables. Los inversores deberían analizar las implicaciones fiscales de la estructura concreta de la inversión, incluidos el impuesto sobre sociedades, el IVA, los impuestos y tasas locales, así como el tratamiento fiscal de la estructura de adquisición y financiación. Para conocer las últimas novedades sobre la fiscalidad del sector energético, véase también el análisis de Adesman & Asociații sobre Fondo de Transición Energética.
Conclusiones fundamentales para los inversores internacionales
Un proyecto de energía renovable en Rumanía no debería evaluarse únicamente en función de los terrenos asegurados o de las autorizaciones ya obtenidas.
Para los inversores que analizan inversiones en energías renovables en Rumanía, la pregunta fundamental es si el proyecto cuenta con un un plan de desarrollo coherente y financiable: derechos sobre los terrenos que sean oponibles y adecuados, una situación viable desde el punto de vista urbanístico y del régimen de los terrenos agrícolas, una capacidad de conexión segura o que pueda obtenerse de forma realista, autorizaciones válidas en materia de medio ambiente y construcción, así como una trayectoria clara hacia la autorización de la ANRE y la explotación comercial.
La realización, enuna fase temprana de un proceso de due diligence jurídica coordinado sobre todos estos aspectos puede permitir identificar los riesgos críticos para el desarrollo antes de comprometer un capital significativo y puede contribuir de manera sustancial a la financiabilidad del proyecto y a su preparación para una posible transacción.
Preguntas frecuentes sobre las inversiones en energías renovables en Rumanía
¿Puede un inversor extranjero desarrollar o adquirir un proyecto de energía renovable en Rumanía?
Sí. Los inversores extranjeros pueden desarrollar o adquirir proyectos de energía renovable en Rumanía, incluidos proyectos fotovoltaicos, eólicos y de almacenamiento de energía. En función de la estructura y el valor de la operación, de las actividades de la sociedad objetivo y de otras circunstancias relevantes, la inversión puede estar sujeta a requisitos adicionales, incluidos los relativos al examen de las inversiones y al régimen del CEISD.
¿Es necesario que el promotor de un parque fotovoltaico o eólico sea el propietario del terreno?
No. El promotor no tiene por qué ser, en todas las fases del proyecto, el propietario del terreno. También pueden utilizarse otros derechos que permitan el desarrollo y la explotación del proyecto, en las condiciones previstas por la ley.
Según el marco normativo vigente en materia de ordenación del territorio, urbanismo y construcción, en el caso de las obras de ingeniería, el certificado urbanístico puede solicitarse y expedirse sin que el solicitante sea titular de un derecho real principal sobre el terreno. No obstante, para la realización de las obras es necesario garantizar el derecho sobre el terreno necesario para la autorización y la ejecución del proyecto.
¿Se puede construir un parque fotovoltaico en terrenos agrícolas situados fuera del núcleo urbano?
En determinadas condiciones, sí. La Ley n.º 18/1991 permite la instalación de determinadas instalaciones de producción de energía a partir de fuentes renovables y de la infraestructura correspondiente en determinadas categorías de terrenos agrícolas situados fuera del núcleo urbano, siempre que se respeten las condiciones y los límites establecidos por la ley, incluido, en el régimen pertinente, el límite de 50 hectáreas.
En función del proyecto y del terreno, puede ser necesario retirarlo de forma definitiva o temporal del circuito agrícola. En determinadas situaciones, también se permite el uso dual del terreno para actividades agrícolas y la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables.
¿Qué es el ATR y por qué es importante para un proyecto de energía renovable?
El ATR —el Dictamen Técnico de Conexión— establece las condiciones técnicas en las que el proyecto puede conectarse a la red eléctrica de interés público.
Para un inversor, la mera existencia de un ATR no es suficiente para evaluar la situación de la conexión. El análisis puede incluir, entre otros aspectos, la validez del ATR, la potencia autorizada, el punto de conexión, las posibles obras de refuerzo de la red, los costes y las garantías asociadas, así como los plazos y las obligaciones que deben respetarse para la realización de la conexión.
¿Cómo se asignará en 2026 la capacidad de la red a los proyectos de al menos 5 MW?
En el caso de los proyectos que entran en el ámbito de aplicación de la metodología aprobada mediante la Orden de la ANRE n.º 53/2024, la capacidad disponible de la red se asignará mediante el mecanismo competitivo aplicable a partir del 1 de enero de 2026.
Por consiguiente, en el caso de los proyectos a los que se aplica este régimen, el análisis jurídico y de inversión debe tener en cuenta no solo la existencia de la infraestructura de red, sino también el acceso efectivo a la capacidad, el estado del procedimiento de adjudicación, los costes y las garantías correspondientes, así como los plazos aplicables al proyecto.
¿Basta con que un proyecto cuente con un ATR para que se considere „listo para construir”?
No necesariamente. La expresión „listo para construir” no supone, por sí misma, una garantía de que se cumplan todas las condiciones jurídicas, técnicas y administrativas necesarias para iniciar la construcción.
En el marco de un proceso de due diligence, debe verificarse la situación concreta del proyecto, incluidos los derechos sobre los terrenos, la normativa urbanística, la licencia de obras, la situación de las conexiones y la capacidad de la red, las autorizaciones medioambientales, la autorización de la ANRE y las posibles condiciones, plazos u obligaciones aún pendientes.
¿Qué autorizaciones de la ANRE son necesarias para un proyecto de energía renovable?
El régimen aplicable depende de las características del proyecto y de los umbrales establecidos por la legislación vigente. La Ley n.º 123/2012 regula la autorización de implantación para los proyectos que superen el umbral legal aplicable, mientras que los proyectos que se acogen a la excepción prevista en la ley están sujetos al régimen de notificación correspondiente.
La explotación comercial de la capacidad de producción está sujeta, por otra parte, a los requisitos de licencia de la ANRE aplicables.
¿Qué hay que comprobar antes de adquirir un proyecto de energía renovable en Rumanía?
Una auditoría jurídica de un proyecto de energía renovable puede abarcar, en función de la estructura de la operación, la sociedad del proyecto y su situación corporativa, los derechos sobre los terrenos, la planificación urbanística y la construcción, la conexión a la red y el ATR, la capacidad de la red, las autorizaciones de la ANRE, los aspectos medioambientales, los contratos pertinentes, la financiación, los litigios y los posibles requisitos relativos al examen de la inversión.
En el caso de los proyectos que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo, hay que prestar especial atención a los plazos, los hitos, las garantías y las condiciones de las que depende el mantenimiento de los derechos ya obtenidos.
Este material tiene carácter general y es meramente informativo; no constituye asesoramiento jurídico sobre un proyecto o una inversión concretos. La aplicación del marco jurídico depende de las características de cada proyecto y de la legislación y la normativa vigentes en el momento del análisis.
