Un inversor de Alemania, Austria, Italia o Turquía que desee hacerse con un negocio en Rumanía tiene, en principio, dos opciones: comprar las participaciones o las acciones de la sociedad titular del negocio (share deal) o comprar directamente sus activos, sus contratos y, en su caso, sus trabajadores (asset deal). La elección influye en los riesgos, en las autorizaciones necesarias y en los tributos e impuestos devengados.

La adquisición de una empresa en Rumanía sigue las fases habituales de una operación de fusiones y adquisiciones (M&A) en Europa. Las diferencias aparecen en los trámites societarios, en el Registro Mercantil (registrul comerțului), en el control de las inversiones extranjeras y en las normas relativas a los trabajadores.

1. Share deal o asset deal: diferencias prácticas

Share deal (compra de participaciones o acciones)

  • solo cambian los socios o los accionistas; la sociedad sigue siendo la misma, con los mismos contratos, trabajadores, deudas y litigios;
  • los contratos y las autorizaciones no tienen que transmitirse, pero algunos contratos contienen cláusulas de cambio de control (change of control), que otorgan a la otra parte el derecho a resolver el contrato o a exigir su consentimiento previo;
  • el comprador asume también los riesgos históricos (fiscales, medioambientales, derivados de litigios);

Asset deal (compra de activos o de un establecimiento mercantil)

  • el comprador elige los activos, los contratos y los pasivos que asume; las deudas no asumidas permanecen, en principio, en el vendedor;
  • cada categoría de activos se transmite en la forma exigida por la ley: los inmuebles, mediante escritura pública notarial e inscripción en el registro de la propiedad (carte funciară); las marcas, mediante inscripción ante la OSIM o la EUIPO; los contratos, con el consentimiento de la otra parte (cesión del contrato, artículos 1315 y siguientes del Código Civil);
  • las autorizaciones expedidas a nombre del vendedor no se transmiten, por regla general, de forma automática y deben obtenerse de nuevo o transmitirse conforme a la ley especial;
  • una persona jurídica de fuera de la Unión Europea solo puede adquirir directamente terrenos en Rumanía en las condiciones de los tratados internacionales, sobre la base de la reciprocidad; la restricción no se aplica a una sociedad constituida en el territorio de Rumanía, aunque sea propiedad de ciudadanos extranjeros;
  • si se transmite una actividad económica que mantiene su identidad, los trabajadores pasan al comprador por ministerio de la ley (sección 6).

El share deal suele preferirse para negocios con muchas autorizaciones y contratos. El asset deal se utiliza cuando la sociedad objetivo tiene deudas o litigios importantes, cuando solo se compra una línea de negocio o cuando el vendedor está en insolvencia. Los bienes vendidos en el procedimiento de insolvencia se adquieren, en principio, libres de cargas (artículo 91 de la Ley n.º 85/2014 sobre los procedimientos de prevención de la insolvencia y de insolvencia).

2. Fases de la operación

  • NDA (acuerdo de confidencialidad): se firma antes del acceso a la información. La Ley n.º 287/2009 del Código Civil, republicada (el «Código Civil»), impone en todo caso la confidencialidad de la información recibida durante las negociaciones (artículo 1184), pero el NDA establece con claridad qué información está protegida, quién tiene acceso a ella y qué indemnizaciones se deben.
  • LOI o term sheet: fija el precio indicativo, la estructura, el calendario y, por regla general, la exclusividad; en general, solo la confidencialidad y la exclusividad son vinculantes. Aunque la LOI no obligue a cerrar la operación, la parte que inicia, continúa o rompe las negociaciones de mala fe responde del daño causado (artículo 1183 del Código Civil, relativo a la buena fe en las negociaciones).
  • Due diligence jurídica, fiscal y financiera (sección 3), por regla general mediante la puesta a disposición del comprador de una sala de datos virtual (data room) que contiene todos los documentos necesarios para el análisis.
  • Negociación del SPA (share purchase agreement) o del APA (asset purchase agreement).
  • Signing: la firma del contrato. Si no existen condiciones suspensivas estipuladas por las partes, el signing y el closing de la operación pueden tener lugar el mismo día.
  • Condiciones suspensivas: las autorizaciones del Consejo de la Competencia y de la CEISD, los consentimientos de los bancos o de los socios contractuales, los acuerdos de los órganos sociales.
  • Fecha límite (long-stop date): si las condiciones suspensivas no se cumplen en esa fecha, las partes pueden prever la extinción del contrato.
  • Closing: el pago del precio, la transmisión de los títulos o de los activos, las inscripciones en el Registro Mercantil.

Entre el signing y el closing, el SPA establece las obligaciones del vendedor en cuanto a la gestión del negocio (por ejemplo, la prohibición de distribuir dividendos sin el consentimiento del comprador). Para evitar la renegociación del precio por imprevisión (impreviziune), las partes suelen pactar que asumen el riesgo del cambio de circunstancias (artículo 1271 del Código Civil).

3. Due diligence: qué se comprueba en una sociedad rumana

Una parte importante de la información puede comprobarse en registros públicos:

  • el Registro Mercantil, llevado por la Oficina Nacional del Registro Mercantil («ONRC»): socios, administradores, capital social, historial de inscripciones, embargos sobre las participaciones;
  • el titular real: la declaración presentada en el Registro Mercantil conforme a la Ley n.º 129/2019 para la prevención y la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo;
  • las garantías mobiliarias: el Registro Nacional de Publicidad Mobiliaria («RNPM») – hipotecas sobre las participaciones, los créditos, las cuentas y los equipos de la sociedad, así como los posibles embargos;
  • litigios: el portal de los tribunales y el Boletín de los procedimientos de insolvencia;
  • inmuebles: los extractos del registro de la propiedad, las cargas y las posibles reivindicaciones;
  • autorizaciones: autorizaciones medioambientales y de funcionamiento, licencias sectoriales, con sus plazos y condiciones;
  • contratos: cláusulas de cambio de control, exclusividad, no competencia, garantías otorgadas;
  • trabajadores: contratos individuales y colectivos, litigios laborales, pago de las cotizaciones, permisos de trabajo de los trabajadores extranjeros;
  • situación fiscal: el certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias (certificat de atestare fiscală) expedido por la Agencia Nacional de Administración Tributaria («ANAF») y el certificado fiscal local, los informes de inspección tributaria.

El certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias muestra las deudas pendientes en la fecha de su expedición, pero no cubre las obligaciones que puedan determinarse en una futura inspección tributaria respecto de periodos anteriores. Los riesgos no detectados se cubren mediante garantías del vendedor y mecanismos de indemnización previstos en el SPA. Los resultados de la due diligence deben reflejarse directamente en el SPA: los riesgos identificados se cubren mediante indemnizaciones específicas, ajustes de precio o condiciones suspensivas, y el vendedor puede limitar su responsabilidad por los aspectos revelados al comprador. La identificación o revelación de un riesgo debe ir seguida de una regulación clara, en el SPA, de la parte que soportará sus consecuencias económicas, de la duración y los límites de la responsabilidad, así como de los mecanismos que garanticen el pago de las indemnizaciones.

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4. Control de las concentraciones económicas

La adquisición del control de una sociedad constituye, por regla general, una concentración económica en el sentido de la Ley de la Competencia n.º 21/1996, republicada (la «Ley de la Competencia»). La concentración debe notificarse al Consejo de la Competencia, la autoridad nacional de competencia, si se cumplen de forma acumulativa dos condiciones (artículo 15 de la Ley de la Competencia):

  • el volumen de negocios conjunto de las empresas afectadas supera el contravalor en lei de 10 millones de euros;
  • al menos dos de las empresas afectadas han realizado en el territorio de Rumanía, cada una, un volumen de negocios superior al contravalor en lei de 4 millones de euros.

Los volúmenes de negocios se calculan, por regla general, sobre la base del ejercicio económico anterior. En caso de adquisición de control exclusivo, el cálculo incluye el volumen de negocios del grupo del comprador y el de la sociedad adquirida, junto con las empresas controladas por esta, sin incluir las actividades que permanecen en el grupo del vendedor, conforme a las normas detalladas en las Instrucciones del Consejo de la Competencia aplicadas mediante la Orden n.º 386/2010.

La concentración no puede ejecutarse antes de su autorización (obligación de standstill). La ejecución antes de la autorización puede sancionarse con una multa de hasta el 10 % del volumen de negocios total. Desde el 1 de octubre de 2026 se aplica un nuevo reglamento sobre concentraciones económicas, aplicado mediante la Orden del presidente del Consejo de la Competencia n.º 2192/2026. En el procedimiento simplificado, la decisión se dicta, en principio, en un plazo de 45 días desde la notificación completa.

En las operaciones de gran envergadura, la competencia puede corresponder a la Comisión Europea, conforme al Reglamento (CE) n.º 139/2004 sobre el control de las concentraciones entre empresas (el «Reglamento de concentraciones de la UE»). Si la sociedad objetivo tiene en la Unión Europea un volumen de negocios de al menos 500 millones de euros y el comprador y la sociedad objetivo han recibido, conjuntamente, en los tres años anteriores a la firma, contribuciones financieras de terceros países superiores a 50 millones de euros, existe la obligación de notificación conforme al Reglamento (UE) 2022/2560 sobre las subvenciones extranjeras que distorsionan el mercado interior (el «Reglamento sobre subvenciones extranjeras»).

5. Control de las inversiones extranjeras directas (CEISD)

Las inversiones en sectores sensibles para la seguridad nacional o el orden público son examinadas por la Comisión para el Examen de las Inversiones Extranjeras Directas («CEISD»), conforme a la Ordenanza de Urgencia del Gobierno n.º 46/2022 sobre las medidas de aplicación del Reglamento (UE) 2019/452 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019, para el control de las inversiones extranjeras directas en la Unión, y por la que se modifica y completa la Ley de la Competencia n.º 21/1996 (la «OUG n.º 46/2022»).

La OUG n.º 17/2026, en vigor desde el 13 de marzo de 2026, modificó sustancialmente este régimen:

  • el umbral de notificación aumentó de 2 a 5 millones de euros; las inversiones por debajo del umbral pueden, no obstante, ser examinadas si pueden afectar a la seguridad nacional o al orden público, y las operaciones conexas entre las mismas partes en un año se acumulan;
  • el régimen se aplica también a la adquisición de activos materiales o inmateriales en los sectores sensibles, y no solo a la adquisición de participaciones o acciones;
  • el procedimiento afecta tanto a los inversores de fuera de la Unión Europea como a los de la Unión; quedan exceptuadas determinadas reestructuraciones intragrupo que no cambian el control efectivo ni el titular real;
  • los sectores sensibles incluyen las tecnologías críticas, las infraestructuras críticas (energía, transportes, sanidad, comunicaciones), el sector farmacéutico, la defensa y el sector agroalimentario;
  • tras el dictamen de la CEISD, la orden de autorización es emitida por la Cancillería del Primer Ministro; la tasa de examen se redujo a 5000 euros.

La inversión sujeta a notificación no puede ejecutarse antes de la autorización. Por ello, la autorización de la CEISD se prevé en el SPA como condición suspensiva, y el análisis de si la actividad de la sociedad objetivo entra en los sectores sensibles se realiza ya en la fase de la LOI, sobre la base del objeto social. Dado que la OUG n.º 17/2026 extendió el régimen de notificación también a la adquisición de activos, un asset deal ya no queda automáticamente al margen de este análisis.

La autorización de la CEISD y la del Consejo de la Competencia son procedimientos distintos. Encontrará más información sobre el procedimiento en nuestro artículo sobre la autorización de las inversiones extranjeras en Rumanía.

6. Los trabajadores: la transmisión de empresa

La Ley n.º 67/2006 sobre la protección de los derechos de los trabajadores en caso de transmisión de empresas, de centros de actividad o de partes de estos (la «Ley n.º 67/2006») transpone la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001. Se aplica en el caso del asset deal, cuando se transmite una actividad económica para su continuación (artículo 4). En un share deal, el empleador sigue siendo la misma sociedad, de modo que los contratos de trabajo no se modifican, y el cambio de socio no impone, por sí mismo, la información o la consulta de los trabajadores. Sin embargo, si tras la adquisición el comprador decide reestructuraciones que puedan producir cambios importantes en la organización del trabajo, los empleadores con al menos 20 trabajadores deben informarles y consultarles previamente, conforme a la Ley n.º 467/2006 por la que se establece el marco general de información y consulta de los trabajadores. El convenio colectivo aplicable puede prever obligaciones adicionales.

  • los derechos y obligaciones derivados de los contratos individuales de trabajo y del convenio colectivo aplicable pasan íntegramente al comprador (artículo 5);
  • el vendedor debe notificar al comprador, antes de la transmisión, todos los derechos y obligaciones que se transmiten (artículo 6);
  • la transmisión no puede constituir, por sí misma, motivo de despido individual o colectivo (artículo 7);
  • los representantes de los trabajadores o, en su defecto, los trabajadores deben ser informados por escrito con al menos 30 días de antelación a la transmisión, y las medidas previstas se someten a consulta en el mismo plazo (artículos 11 y 12).

7. Trámites societarios

SRL (S.L.): transmisión de las participaciones

Conforme a la Ley de Sociedades n.º 31/1990, republicada (la «Ley n.º 31/1990»), las participaciones solo pueden transmitirse a personas ajenas a la sociedad con la aprobación de los socios que representen al menos tres cuartas partes del capital social [artículo 202, apartado 2]. Los estatutos pueden establecer condiciones adicionales (derecho de adquisición preferente, consentimiento de todos los socios). Entre socios, las participaciones se transmiten libremente, salvo que los estatutos dispongan otra cosa [artículo 202, apartado 1]. El contrato de cesión no tiene que otorgarse en escritura pública; en la práctica, se formaliza en documento privado, por regla general certificado por abogado.

  • La transmisión de las participaciones se inscribe en el Registro Mercantil y en el libro registro de socios y es oponible a terceros desde su inscripción en el Registro Mercantil (artículo 203).
  • Junto con la inscripción de la cesión, se actualiza y se presenta también la declaración relativa al titular real en el Registro Mercantil (Ley n.º 129/2019).

SA (sociedad anónima): transmisión de las acciones

En las sociedades anónimas, las acciones nominativas se transmiten mediante declaración en el libro registro de acciones, firmada por el cedente y el cesionario, o por otros medios previstos por la ley. A las sociedades cotizadas se les aplican, además, las normas del mercado de valores.

8. El precio y la protección del comprador en el SPA

El precio de una operación no puede valorarse al margen de los riesgos que cada parte conserva tras su cierre. El contrato de compraventa de participaciones o acciones (SPA) debe establecer tanto quién soporta estos riesgos como en qué condiciones pueden recuperarse los posibles daños. Para el comprador y el vendedor, las siguientes cláusulas tienen consecuencias económicas directas:

  • manifestaciones y garantías (representations and warranties): el vendedor confirma la situación de la sociedad (titularidad de las participaciones, inexistencia de deudas no declaradas, cumplimiento de la ley); su incumplimiento da lugar, en las condiciones del contrato, a indemnizaciones; el SPA debe precisar qué información comunicada por el vendedor limita las garantías y en qué medida el conocimiento de un riesgo por parte del comprador afecta a su derecho a ser indemnizado. La mera puesta a disposición de documentos no debería dejar margen a interpretaciones sobre los riesgos asumidos;
  • relación con las garantías legales: el SPA debe precisar si el saneamiento por evicción y por vicios ocultos previsto en el Código Civil se aplica junto con las manifestaciones y garantías contractuales o queda sustituido por estas, para evitar un doble régimen de responsabilidad; una cláusula de sustitución o limitación debe respetar los límites previstos por la ley; el vendedor responde, incluso en presencia de una cláusula en contrario, de la evicción que resulte de su propio hecho o de una causa que conocía al celebrar el contrato y que ocultó al comprador (artículo 1699 del Código Civil), y la cláusula que excluye o restringe el saneamiento por vicios no produce efectos respecto de los vicios que el vendedor conocía o debía conocer al celebrar el contrato (artículo 1708 del Código Civil).
  • limitación de la responsabilidad del vendedor mediante la fijación de un umbral mínimo para cada reclamación, de un umbral acumulado de las reclamaciones, de un límite máximo de responsabilidad (cap) y de plazos para formular las reclamaciones. Estas limitaciones no se aplican a los daños causados con dolo o culpa grave, conforme al artículo 1355 del Código Civil;
  • indemnizaciones específicas (indemnities) por los riesgos identificados en la due diligence, por ejemplo, un litigio o una inspección tributaria en curso, pueden atribuirse expresamente al vendedor; por ejemplo, para un litigio en curso, debe determinarse si la protección incluye también los gastos de defensa y quién decide la estrategia procesal o la aceptación de una transacción. La identificación del riesgo se convierte así en una protección contractual concreta;
  • locked box: el precio se fija sobre la base de un balance de referencia, y el vendedor garantiza que no han salido valores de la sociedad después de esa fecha; el mecanismo no bloquea los gastos ordinarios de la sociedad, y el contrato enumera expresamente los pagos permitidos, por ejemplo, los salarios y los pagos a proveedores en el curso ordinario de la actividad;
  • completion accounts: el precio se ajusta después del closing, sobre la base de los estados financieros a la fecha de cierre (deuda neta, capital circulante); el contrato debe prever reglas contables claras, un ejemplo de cálculo, plazos de verificación e impugnación y un mecanismo de resolución de discrepancias, incluso mediante un experto independiente;
  • escrow: una parte del precio se mantiene en una cuenta específica, administrada por un tercero, para garantizar las obligaciones pactadas, y se libera tras el vencimiento de determinados plazos o la resolución de determinados riesgos; para el comprador, el mecanismo puede facilitar el cobro de las indemnizaciones;
  • seguro W&I (warranty and indemnity): una póliza que cubre el incumplimiento de las garantías; no cubre, por regla general, los riesgos ya conocidos a través de la due diligence, que siguen a cargo del vendedor mediante indemnizaciones específicas o se reflejan en el precio.

Estos mecanismos deben negociarse conjuntamente. Una garantía amplia puede tener un valor práctico reducido si está sujeta a un límite insuficiente, a un plazo demasiado corto o a un procedimiento difícil de seguir. Del mismo modo, la existencia de un derecho a indemnización debe ponerse en relación con la posibilidad efectiva de cobro, mediante la evaluación de la solvencia del vendedor y, en su caso, la constitución de garantías o la contratación de una póliza de seguro. Para el cliente, lo que está en juego en la negociación es que la protección contractual pueda utilizarse cuando el riesgo se materialice.

9. Aspectos fiscales, ley aplicable y resolución de litigios

Para el vendedor no residente, la ganancia derivada de la venta de las participaciones de una sociedad rumana puede tributar en Rumanía, conforme a la Ley n.º 227/2015 del Código Fiscal (el «Código Fiscal») [artículo 223, apartado 2, letra b), para las personas jurídicas y letra g) para las personas físicas]. El convenio para evitar la doble imposición aplicable puede limitar o excluir este derecho de gravamen, siempre que se presente el certificado de residencia fiscal. La transmisión de participaciones o acciones está exenta de IVA (TVA) y no devenga impuestos sobre transmisiones.

En un asset deal, la venta de los activos es, en principio, una operación sujeta al impuesto sobre el valor añadido (IVA). No obstante, la transmisión de la totalidad de los activos o de una parte de ellos, efectuada como transmisión de negocio, no constituye entrega de bienes si el adquirente es sujeto pasivo [artículo 270, apartado 7, del Código Fiscal]. La aplicación de esta regla y las regularizaciones de IVA deben analizarse con un asesor fiscal antes de la firma. En el caso de los inmuebles, a los costes se añaden los honorarios notariales y la tarifa de inscripción en el registro de la propiedad, calculados en función del valor de la operación.

El SPA puede someterse a una ley distinta de la rumana, conforme al Reglamento (CE) n.º 593/2008 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales («Roma I»). No obstante, la transmisión de las participaciones y de los inmuebles, y los trámites en el Registro Mercantil y en el registro de la propiedad siguen sujetos a la ley rumana. Para los litigios, las partes eligen a menudo el arbitraje internacional (por ejemplo, conforme al reglamento de la ICC o del VIAC, o ante la Corte de Arbitraje Comercial Internacional adscrita a la Cámara de Comercio e Industria de Rumanía).

Qué debe hacer

  • Defina la estructura (share deal o asset deal) tras un primer screening de los riesgos y analice los efectos fiscales con un asesor fiscal.
  • Si el negocio es titular de terrenos y el comprador es de fuera de la Unión Europea, estructure la adquisición a través de una sociedad rumana y compruebe por separado el régimen de los terrenos agrícolas situados fuera del casco urbano (extravilan).
  • Compruebe ya desde la LOI si la operación debe notificarse al Consejo de la Competencia, a la CEISD o a la Comisión Europea e incluya los plazos en el calendario.
  • Solicite en la due diligence los extractos de la ONRC y del registro de la propiedad, el certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias y la lista de contratos con cláusula de cambio de control.
  • Compruebe en el RNPM las cargas sobre las participaciones y los activos.
  • Prevea en el SPA las condiciones suspensivas, las obligaciones del vendedor hasta el closing y el mecanismo de precio.
  • Negocie los límites de responsabilidad y compruebe cómo se pagará efectivamente la indemnización (escrow, garantía de la sociedad matriz del vendedor o seguro W&I), en función de la solvencia del vendedor.
  • En un asset deal, planifique la información y la consulta de los trabajadores con al menos 30 días de antelación a la transmisión.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre share deal y asset deal?

En un share deal, el comprador adquiere la sociedad con todos sus derechos y obligaciones. En un asset deal, compra solo determinados activos y contratos, y las deudas no asumidas permanecen, en principio, en el vendedor.

¿Puede un extranjero comprar una sociedad en Rumanía?

Sí. No existe una restricción general para los inversores extranjeros. Para los sectores sensibles puede ser necesaria la autorización de la CEISD, y a los terrenos agrícolas se les aplican normas especiales. Una persona jurídica de fuera de la Unión Europea no puede, por regla general, adquirir terrenos directamente, pero una sociedad rumana que controle sí puede adquirirlos.

¿Cuándo debe notificarse al Consejo de la Competencia?

Cuando se adquiere el control y el volumen de negocios conjunto de las partes supera los 10 millones de euros, y al menos dos de ellas superan, cada una, los 4 millones de euros en Rumanía. La operación no se cierra antes de la autorización.

¿Cuál es el umbral de notificación a la CEISD en 2026?

Desde el 13 de marzo de 2026, el umbral es de 5 millones de euros para las inversiones en los sectores sensibles. Las inversiones por debajo del umbral pueden ser examinadas si pueden afectar a la seguridad nacional o al orden público.

¿Pasan los trabajadores al comprador?

En un share deal, los contratos de trabajo permanecen en la misma sociedad. En un asset deal que constituya una transmisión de empresa, los trabajadores pasan al comprador con todos sus derechos, conforme a la Ley n.º 67/2006.

¿Es necesario formalizar la cesión de participaciones en escritura pública?

No. La cesión de participaciones puede formalizarse en documento privado; el acuerdo de los socios y los estatutos actualizados se presentan en el Registro Mercantil. La escritura pública notarial es necesaria, por regla general, para la transmisión de inmuebles en un asset deal.

Adesman & Asociații asesora a inversores extranjeros y empresas rumanas en adquisiciones de sociedades y negocios, desde la estructuración de la operación y la due diligence hasta la negociación del SPA, las autorizaciones necesarias y el closing. Más información sobre nuestra práctica de derecho societario, fusiones y adquisiciones y sobre el asesoramiento en derecho tributario.

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Este material tiene carácter exclusivamente informativo y general y no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. El régimen jurídico aplicable debe analizarse en función de la situación concreta de cada operación y de la legislación vigente en la fecha del análisis.