La primera pregunta de un inversor extranjero que compra un inmueble en Rumanía es si puede ser titular del terreno. La respuesta depende de quién compra (persona física o sociedad, de la Unión Europea o de un Estado tercero), de qué se compra (terreno o construcción) y de dónde se encuentra el terreno: dentro del perímetro urbano de la localidad (intravilan) o fuera de dicho perímetro (extravilan), con uso agrícola o forestal.

Un comprador de Alemania, Austria o Italia tiene, en principio, los mismos derechos que un comprador rumano. Un ciudadano o una persona jurídica de un Estado tercero, como Turquía, China o Israel, solo puede adquirir el derecho de propiedad sobre terrenos en las condiciones previstas por los tratados internacionales aplicables, sobre la base de la reciprocidad y en las condiciones de la Ley n.º 312/2005 sobre la adquisición del derecho de propiedad privada sobre terrenos por ciudadanos extranjeros y apátridas, así como por personas jurídicas extranjeras («Ley n.º 312/2005»). A falta de tal fundamento, puede adquirir la construcción y, sobre el terreno, puede disponer, en función de la estructura jurídica de la operación, de un derecho de superficie o utilizar una estructura de inversión a través de una sociedad rumana.

La venta de terrenos agrícolas situados en extravilan está sujeta al procedimiento especial regulado por la Ley n.º 17/2014 sobre determinadas medidas de regulación de la venta de terrenos agrícolas situados en extravilan y de modificación de la Ley n.º 268/2001 sobre la privatización de las sociedades que administran terrenos de propiedad pública y privada del Estado con destino agrícola y la creación de la Agencia de Dominios del Estado («Ley n.º 17/2014»), que exige respetar el derecho de adquisición preferente, cumplir las formalidades administrativas y obtener los informes necesarios (en su caso), con independencia de la ciudadanía o nacionalidad de las partes, respetando las condiciones específicas aplicables a los adquirentes y las excepciones expresamente reguladas.

La presente guía refleja el marco legislativo vigente a 17 de noviembre de 2026.

Conforme al art. 44, apdo. (2), de la Constitución de Rumanía, los ciudadanos extranjeros y los apátridas solo pueden adquirir el derecho de propiedad privada sobre terrenos en las condiciones derivadas de la adhesión de Rumanía a la Unión Europea y de otros tratados internacionales en los que Rumanía sea parte, sobre la base de la reciprocidad, en las condiciones previstas por ley orgánica, así como por sucesión legal. La restricción afecta únicamente a los terrenos, por lo que los apartamentos, las casas y los edificios pueden ser comprados por cualquier extranjero.

La Ley n.º 312/2005 establece las siguientes reglas:

  • los ciudadanos de los Estados de la UE y del EEE, los apátridas domiciliados en un Estado miembro o en Rumanía y las personas jurídicas constituidas conforme a la ley de un Estado miembro de la UE adquieren terrenos en las mismas condiciones que los ciudadanos rumanos (art. 3 de la Ley n.º 312/2005);
  • los ciudadanos y las personas jurídicas de Estados terceros solo pueden adquirir terrenos en las condiciones reguladas por tratados internacionales, sobre la base de la reciprocidad, y no en condiciones más favorables que las aplicables a los ciudadanos de la UE (art. 6 de la Ley n.º 312/2005). Desde 2021, en esta categoría se incluyen también los ciudadanos y las sociedades del Reino Unido;
  • los ciudadanos extranjeros y los apátridas pueden adquirir el derecho de propiedad sobre terrenos situados en Rumanía por sucesión legal, con independencia de su ciudadanía.

2. Inversores de fuera de la UE: derecho de superficie o sociedad rumana

Los tratados bilaterales de protección de inversiones no contemplan, por regla general, el derecho a adquirir terrenos, de modo que, a falta de un fundamento jurídico aplicable que permita la adquisición del derecho de propiedad en condiciones de reciprocidad, el notario público no puede autorizar un contrato de venta del terreno a estas personas.

En este caso, existen dos soluciones:

El derecho de superficie

Conforme al art. 693, apdo. (1), de la Ley n.º 287/2009 del Código Civil («Código Civil»), la superficie es el derecho a tener o edificar una construcción sobre terreno ajeno y, conforme al art. 694 del Código Civil, el derecho de superficie puede constituirse por un plazo máximo de 99 años, con posibilidad de renovación. El comprador chino o turco de una casa adquiere la propiedad de la construcción y un derecho de superficie sobre el terreno, ambos inscritos en el registro de la propiedad.

La sociedad registrada en Rumanía

Una sociedad constituida en Rumanía es una persona jurídica rumana, aunque todos sus socios sean extranjeros, y puede adquirir terrenos como cualquier sociedad rumana. En función de la naturaleza, el valor y el sector de la inversión, esta puede estar sujeta al procedimiento de examen y autorización previsto por la Ordenanza de Urgencia del Gobierno n.º 46/2022 sobre las medidas de aplicación del Reglamento (UE) 2019/452 para el control de las inversiones extranjeras directas en la Unión, es decir, debe cumplirse el requisito de notificación a la Comisión para el Examen de las Inversiones Extranjeras Directas («CEISD»), por ejemplo en el sector de la energía (detalles en nuestra guía sobre la autorización de inversiones extranjeras en Rumanía).

Si el terreno ya pertenece a una persona jurídica rumana, puede comprarse la propia sociedad, con las ventajas y los riesgos explicados en el artículo sobre share deal y asset deal.

3. Terreno en intravilan y construcciones

Los terrenos situados en intravilan y las construcciones pueden, en principio, enajenarse sin restricciones, salvo en los casos en que deba respetarse el derecho de adquisición preferente, incluido el del Estado o, en su caso, el de las unidades administrativo-territoriales en la venta de monumentos históricos, conforme a la Ley n.º 422/2001 sobre la protección de los monumentos históricos.

Existe la posibilidad de incorporar terrenos del extravilan al intravilan en las condiciones de la legislación urbanística, mediante instrumentos PUG o PUZ aprobados conforme a la ley.

4. Los terrenos agrícolas en extravilan: la Ley n.º 17/2014

La venta de terrenos agrícolas situados en extravilan está regulada por la Ley n.º 17/2014, modificada sustancialmente por la Ley n.º 175/2020 y, posteriormente, por la Ordenanza de Urgencia del Gobierno n.º 104/2022 y por la Ley n.º 116/2024. El procedimiento se aplica a cualquier comprador, rumano o extranjero.

El derecho de adquisición preferente

El vendedor presenta en el ayuntamiento una oferta, que se expone durante 45 días hábiles. Los titulares del derecho de adquisición preferente pueden comprar al mismo precio y en las mismas condiciones, en el orden previsto en el art. 4 de la Ley n.º 17/2014: (I) los copropietarios, el cónyuge, los parientes y afines hasta el tercer grado; (II) los propietarios de las inversiones agrícolas existentes en el terreno y los arrendatarios agrícolas; (III) los propietarios y los arrendatarios agrícolas de los terrenos colindantes; (IV) los jóvenes agricultores; (V) la Academia de Ciencias Agrícolas y Forestales, las unidades de investigación y las instituciones de enseñanza de carácter agrícola; (VI) las personas físicas con domicilio o residencia en la localidad donde se encuentra el terreno o en las localidades vecinas; (VII) el Estado, a través de la Agencia de Dominios del Estado.

Requisitos para los demás compradores

Si ningún titular del derecho de adquisición preferente lo ejerce, el terreno puede venderse a una persona física que, desde al menos 5 años antes del registro de la oferta, tenga su domicilio o residencia en Rumanía, desarrolle actividades agrícolas en el territorio nacional y esté registrada ante las autoridades tributarias rumanas [art. 4¹, apdo. (1), de la Ley n.º 17/2014].

En el caso de las personas jurídicas, estas deben cumplir de forma acumulativa los requisitos relativos a la existencia de un domicilio social en Rumanía y al desarrollo de actividades agrícolas en el territorio nacional durante al menos 5 años, a la obtención de al menos el 75 % de los ingresos totales de los últimos 5 ejercicios fiscales de actividades agrícolas, así como los requisitos relativos al domicilio o domicilio social de los socios o accionistas que ostentan el control de la sociedad. Si ningún comprador potencial cumple estos requisitos en el plazo legal, el terreno puede venderse a cualquier persona física o jurídica que tenga derecho legal a adquirirlo, respetando las demás disposiciones aplicables.

Informes, plazos y sanciones

  • los terrenos agrícolas situados en extravilan a 30 km o menos de la frontera estatal y del litoral del mar Negro o a 2400 m o menos de instalaciones especiales requieren, en las condiciones del art. 3 de la Ley n.º 17/2014, el informe del Ministerio de Defensa Nacional y, en el caso de terrenos en los que se encuentren yacimientos arqueológicos, el informe del Ministerio de Cultura;
  • el contrato de venta se celebra sobre la base del informe final emitido por las estructuras territoriales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (hasta 30 ha) o por la estructura central (más de 30 ha), conforme al art. 9, apdo. (1), de la Ley n.º 17/2014; en la práctica, la duración del procedimiento puede variar y se estima, a título orientativo, en 3-6 meses;
  • la venta sin respetar el derecho de adquisición preferente o sin obtener los informes obligatorios está viciada de nulidad absoluta (art. 16 de la Ley n.º 17/2014);
  • la reventa de terrenos agrícolas situados en extravilan antes de que transcurran 8 años desde la compra conlleva, en las condiciones legales, un impuesto del 80 % sobre la diferencia positiva de valor, determinada según los valores notariales, impuesto que se aplica también en caso de venta del paquete de control de una sociedad, si estos terrenos representan más del 25 % de sus activos y se cumplen los requisitos legales (art. 4² de la Ley n.º 17/2014).

Para los proyectos fotovoltaicos y eólicos, el terreno agrícola suele arrendarse o gravarse con un derecho de superficie, y la compra se realiza tras su incorporación al intravilan (véase el artículo sobre due diligence para proyectos fotovoltaicos y BESS).

Los terrenos forestales

La venta de terrenos del patrimonio forestal nacional de propiedad privada está regulada por la Ley n.º 331/2024 del Código Forestal («Código Forestal») y se realiza respetando el derecho de adquisición preferente, ejercido, por este orden, por los copropietarios, los propietarios de los terrenos colindantes incluidos en el patrimonio forestal nacional, el Estado rumano, a través de la Administración Nacional de Bosques – Romsilva, y las unidades administrativo-territoriales, a igualdad de precio y condiciones [art. 53, apdo. (1), del Código Forestal].

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5. Forma del contrato y registro de la propiedad

Conforme al art. 1244 del Código Civil, los acuerdos que transmiten o constituyen derechos reales que deban inscribirse en el registro de la propiedad se celebran en documento auténtico, bajo sanción de nulidad absoluta. Por tanto, la venta se firma ante un notario público en Rumanía.

El registro de la propiedad (carte funciară) es el registro público de los inmuebles, llevado por las oficinas de catastro dependientes de la Agencia Nacional de Catastro y Publicidad Inmobiliaria («ANCPI»), conforme a la Ley n.º 7/1996 del catastro y de la publicidad inmobiliaria («Ley n.º 7/1996»). La nota informativa del registro de la propiedad puede solicitarla cualquier persona, incluso en línea, e indica el propietario, las cargas, los embargos, las servidumbres y los litigios anotados. La certificación registral para la autorización notarial la solicita el notario antes de la firma y, durante un periodo de 10 días hábiles, impide practicar otras inscripciones en el registro de la propiedad, salvo aquella para la que se haya expedido. Tras la firma, el notario solicita la inscripción del derecho de propiedad del comprador en el registro de la propiedad.

El comprador extranjero que no tenga un código numérico personal (CNP) rumano debe obtener un número de identificación fiscal (NIF), en las condiciones de la legislación tributaria. Si no conoce la lengua rumana, en la autorización del contrato debe garantizarse la traducción por un intérprete autorizado o por el notario, en las condiciones legales, y los poderes otorgados en el extranjero deben, en su caso, apostillarse o legalizarse y acompañarse de traducciones legalizadas, respetando las excepciones previstas en los tratados internacionales. El notario verifica, conforme a la legislación de prevención del blanqueo de capitales, el titular real y el origen de los fondos.

6. Due diligence antes de la firma

  • el título del vendedor y el historial de la propiedad, prestando atención a las solicitudes de restitución formuladas conforme a la Ley n.º 10/2001 sobre el régimen jurídico de determinados inmuebles incautados de forma abusiva en el periodo del 6 de marzo de 1945 al 22 de diciembre de 1989 o conforme a las leyes del fondo de tierras;
  • las cargas y los litigios anotados en el registro de la propiedad, así como los litigios no anotados, verificados en el portal de los órganos jurisdiccionales;
  • la concordancia entre el terreno, la documentación catastral y el registro de la propiedad (superficie, linderos, acceso a vía pública);
  • la situación urbanística: régimen intravilan o extravilan, PUG y PUZ aplicables, prohibiciones de edificar. Solicite un certificado urbanístico informativo y lea nuestro análisis sobre el certificado urbanístico tras la Ley n.º 169/2026; si el proyecto depende de un PUZ, verifique también el riesgo descrito en el artículo sobre el PUZ revocado y la Decisión del Alto Tribunal de Casación y Justicia (ÎCCJ) n.º 91/2026;
  • para las construcciones: la licencia de obras, el acta de recepción, el certificado de eficiencia energética y el certificado tributario sobre los impuestos locales.

7. Costes e impuestos

  • El impuesto sobre la transmisión de bienes inmuebles del patrimonio personal lo debe el vendedor persona física y asciende al 3 % del valor de la operación para los inmuebles cuya titularidad se haya ostentado durante 3 años como máximo, o al 1 % para los mantenidos más de 3 años; la base imponible no puede ser, por regla general, inferior al valor mínimo establecido por el estudio de mercado de la cámara de notarios públicos, y el impuesto lo calcula y recauda el notario en la autorización del contrato [art. 111 de la Ley n.º 227/2015 del Código Fiscal («Código Fiscal»)].
  • Los honorarios notariales se calculan de forma escalonada, en función del valor del inmueble, más IVA.
  • La tarifa de la ANCPI por la inscripción del derecho de propiedad en el registro de la propiedad es un porcentaje del valor del inmueble, más elevado en el caso de las personas jurídicas; se añade la tarifa por las certificaciones.
  • La entrega de construcciones antiguas y de terrenos no edificables está, por regla general, exenta de IVA, en las condiciones del art. 292, apdo. (2), letra f), del Código Fiscal. La entrega sujeta de construcciones nuevas y de terrenos edificables está sujeta al tipo general del 21 %. A determinadas viviendas entregadas en el marco de la política social se les aplica el tipo reducido del 11 %, en las condiciones del art. 291 del Código Fiscal. El tipo del 9 % para determinadas viviendas tuvo carácter transitorio y se aplicó hasta el 31 de julio de 2026, en las condiciones previstas por la Ley n.º 141/2025.
  • Los impuestos locales sobre edificios y terrenos se pagan anualmente en el ayuntamiento; el nuevo propietario presenta la declaración tributaria en el plazo de 30 días desde la adquisición. La Ley n.º 239/2025 modificó a partir del 1 de enero de 2026 las reglas de cálculo.

8. La promesa de venta y el anticipo

La venta suele ir precedida de una promesa de venta (precontrato). Conforme al art. 1279, apdo. (3), del Código Civil, si el promitente se niega a celebrar el contrato, la otra parte puede obtener una resolución judicial que haga las veces de contrato, si se cumplen los requisitos de validez. En el caso de terrenos agrícolas situados en extravilan, ello exige seguir el procedimiento previsto por la Ley n.º 17/2014. La promesa puede anotarse en el registro de la propiedad, con lo que pasa a ser oponible a terceros. Recomendamos una promesa en forma auténtica, con condiciones suspensivas (resultado de la due diligence, informes, financiación, cancelación de hipotecas), con una regla clara sobre las arras (arvună) o el anticipo y con pago a través de cuenta bancaria.

Qué debe hacer

  • Determine si puede comprar directamente el terreno (UE/EEE) o si necesita un derecho de superficie o una sociedad rumana.
  • Solicite la nota informativa del registro de la propiedad y un certificado urbanístico informativo antes de negociar el precio.
  • Para un terreno agrícola en extravilan, prevea 3-6 meses para la adquisición preferente y los informes.
  • Realice una due diligence jurídica, técnica y urbanística; obtenga el NIF y prepare los poderes apostillados.
  • Firme una promesa en forma auténtica, con condiciones suspensivas y pago mediante cuenta bancaria, y, tras la venta, presente la declaración tributaria en el ayuntamiento en el plazo de 30 días.

Preguntas frecuentes

¿Puede un ciudadano alemán o austriaco comprar un terreno en Rumanía?

Sí, en las mismas condiciones que un rumano (art. 3 de la Ley n.º 312/2005). A los terrenos agrícolas situados en extravilan se les aplica el procedimiento previsto por la Ley n.º 17/2014, como a cualquier comprador.

¿Puede un ciudadano de Turquía, China o Israel comprar una casa en Rumanía?

Puede comprar la construcción, pero no el terreno, a falta de un tratado que lo permita expresamente. Sobre el terreno adquiere un derecho de superficie o puede comprar el inmueble a través de una sociedad rumana.

¿Puede una sociedad rumana con accionistas extranjeros comprar terreno agrícola?

Sí, pero para un terreno en extravilan debe seguirse el procedimiento de adquisición preferente. Sin cumplir los requisitos de 5 años relativos al domicilio social, los ingresos agrícolas y los socios, la sociedad solo puede comprar si no se presenta ningún titular del derecho de adquisición preferente ni ningún comprador que reúna los requisitos.

¿Quién paga los impuestos en la compra de un inmueble?

El vendedor persona física paga el impuesto del 3 % o del 1 %. El comprador asume, por regla general, los honorarios notariales y la tarifa de inscripción registral, salvo pacto en contrario de las partes.

¿Tengo que estar presente en Rumanía en la firma?

No. Puede firmar mediante un apoderado, sobre la base de un poder otorgado en forma auténtica ante un notario en el extranjero o en un consulado rumano, apostillado en su caso y traducido, que describa con exactitud el inmueble y las condiciones de la venta.

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Este material tiene carácter exclusivamente informativo y general y no constituye asesoramiento jurídico. El régimen jurídico aplicable debe analizarse en función de la situación concreta de cada operación y de la legislación vigente en la fecha del análisis.