El supuesto de partida es el siguiente: un promotor obtiene el certificado urbanístico sobre la base de un plan urbanístico zonal (PUZ) aprobado por el consejo local, paga el proyecto y obtiene los informes sectoriales. Antes de la expedición de la licencia de obras, el PUZ pierde su vigencia: o bien vence el plazo para el que fue aprobado, o bien el consejo local revoca el acuerdo de aprobación por considerarlo ilegal, o bien el tribunal de lo contencioso-administrativo lo anula. Además, desde el 25 de agosto de 2026, la ley aplicable ha cambiado. La Ley n.º 169/2026 relativa al Código de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Construcción (el «Código de Urbanismo»), publicada en el Monitor Oficial de Rumanía, Parte I, n.º 661, de 10 de agosto de 2026, derogó la Ley n.º 350/2001 relativa a la ordenación del territorio y el urbanismo y la Ley n.º 50/1991 relativa a la autorización de la ejecución de obras de construcción.

Mediante la Decisión n.º 91, de 21 de septiembre de 2026, publicada en el Monitor Oficial de Rumanía, Parte I, n.º 923, de 3 de noviembre de 2026, el Alto Tribunal de Casación y Justicia – Sala para la resolución de cuestiones de derecho («ÎCCJ») estableció que la vigencia del instrumento urbanístico se extiende de pleno derecho al procedimiento de autorización ya iniciado, aunque el acuerdo de aprobación haya sido revocado posteriormente por ilegalidad. La decisión es vinculante para los órganos jurisdiccionales desde la fecha de su publicación en el Monitor Oficial, conforme al artículo 521, apartado 3, del Código de Procedimiento Civil.

La decisión interpreta el artículo 56, apartado 5, de la Ley n.º 350/2001 y el artículo 28, apartado 2, de sus normas metodológicas de aplicación. En su fundamentación, el ÎCCJ se apoya también en el artículo 2, apartado 2¹, de la Ley n.º 50/1991, según el cual el procedimiento de autorización comienza con la presentación de la solicitud de expedición del certificado urbanístico. Aunque estos actos han sido derogados por el Código de Urbanismo, la decisión sigue siendo relevante para los procedimientos en curso. Para entender qué significa la decisión para un proyecto concreto, deben distinguirse tres situaciones: la revocación del PUZ, su anulación judicial y la aplicación de las disposiciones transitorias del Código.

1. Revocación, anulación, disposiciones transitorias: tres cuestiones distintas

La revocación y la anulación del acuerdo de aprobación del PUZ plantean el mismo problema: si el PUZ sigue produciendo efectos y desde qué momento. Las disposiciones transitorias del Código de Urbanismo se refieren a un aspecto distinto, a saber: ¿qué ley se aplica al procedimiento de autorización en curso (iniciado antes del 25 de agosto de 2026)? Ambos planos se complementan, pero no se confunden, sino que deben analizarse por separado.

La revocación del PUZ por el consejo local

  • quién decide: el consejo local que aprobó el PUZ, mediante un nuevo acuerdo, por regla general porque el PUZ vulnera el instrumento urbanístico de rango superior (por ejemplo, el plan urbanístico general, PUG);
  • naturaleza del acto: el acuerdo de aprobación del PUZ es un acto administrativo normativo (Decisión ÎCCJ n.º 12/2021, dictada en un recurso en interés de la ley); el autor del acto no puede solicitar al tribunal la anulación de su propio acto normativo (Decisión ÎCCJ n.º 74/2023), por lo que se recurre a la revocación;
  • efectos: según la Decisión n.º 91/2026, la revocación no puede suprimir retroactivamente los efectos ya producidos en favor del beneficiario de buena fe; en consecuencia, los procedimientos de autorización iniciados mientras el PUZ estaba vigente pueden continuar sobre la base de este.

La anulación judicial del acuerdo de aprobación

  • quién decide: el tribunal de lo contencioso-administrativo, a instancia de una persona perjudicada o del prefecto, en el ejercicio del control de legalidad; los actos administrativos normativos pueden impugnarse en cualquier momento [artículo 11, apartado 4, de la Ley n.º 554/2004 de lo Contencioso-Administrativo («Ley n.º 554/2004»)];
  • efectos: la sentencia firme de anulación del PUZ es de obligado cumplimiento general y solo produce efectos hacia el futuro (artículo 23 de la Ley n.º 554/2004); según el Código de Urbanismo [artículo 361, apartado 7], tras la anulación de un PUZ pasan a ser directamente aplicables las disposiciones del PUG vigente;
  • los certificados urbanísticos y las licencias de obras ya expedidos no se anulan automáticamente: conforme a la Decisión CCR n.º 208/2025, la legalidad de cada acto singular se analiza caso por caso, en relación con la ley vigente en la fecha de su emisión;
  • la Decisión n.º 91/2026 no se refiere a esta situación; no obstante, el beneficiario puede invocar sus fundamentos por dos motivos. En primer lugar, el ÎCCJ señala que la vigencia del instrumento urbanístico puede verse afectada tanto por el vencimiento del plazo como por la revocación o la anulación. En segundo lugar, toda la solución se basa en la aplicación mutatis mutandis, en materia de revocación, del razonamiento desarrollado por el CCR para la anulación judicial de los actos normativos.

Las disposiciones transitorias del Código de Urbanismo

  • qué establecen: la ley aplicable a los procedimientos de autorización iniciados antes del 25 de agosto de 2026; no regulan la aplicabilidad del PUZ;
  • la regla: los procedimientos de elaboración, informe y aprobación de los instrumentos urbanísticos siguen sujetos a la ley vigente en la fecha de su inicio, y los certificados urbanísticos expedidos con anterioridad mantienen su vigencia (artículo 582 del Código de Urbanismo);
  • la consecuencia: para los procedimientos de autorización iniciados bajo la Ley n.º 50/1991, la Decisión n.º 91/2026 sigue siendo directamente aplicable; para los procedimientos iniciados con posterioridad, se aplica el artículo 76 del Código de Urbanismo relativo a la aprobación y los efectos del PUZ.

2. Qué decidió el ÎCCJ en la Decisión n.º 91/2026

La cuestión fue planteada por el Tribunal de Apelación de Constanța, en el recurso interpuesto en un litigio relativo a la denegación por la autoridad de la licencia de obras para un inmueble compuesto por viviendas colectivas y locales comerciales. El certificado urbanístico se había expedido en octubre de 2020, sobre la base de un PUZ aprobado por el consejo local. Este PUZ había cambiado el uso de la zona y fijado parámetros urbanísticos superiores a los del PUG. El beneficiario presentó la solicitud de expedición de la licencia de obras en septiembre de 2021. Posteriormente, a raíz del recurso administrativo previo (plângere prealabilă) de varias personas perjudicadas, el consejo local revocó el acuerdo de aprobación del PUZ, al considerar que el plan vulneraba el PUG y el Reglamento General de Urbanismo. El tribunal desestimó la demanda del promotor por la que se pedía que se condenara al alcalde a expedir la licencia, al considerar que el inmueble vulneraba el PUG y que una licencia expedida en esas condiciones sería anulable.

El Tribunal de Apelación planteó la cuestión ante el ÎCCJ para que dictara una resolución prejudicial que resolviera la siguiente cuestión de derecho: si el artículo 56, apartado 5, de la Ley n.º 350/2001, el artículo 28, apartado 2, de sus normas metodológicas de aplicación y el artículo 2, apartados 2 y 2¹, de la Ley n.º 50/1991 deben interpretarse en el sentido de que se prorroga la vigencia del instrumento urbanístico en vigor en la fecha de inicio del procedimiento de autorización en el supuesto de que, después de ese momento, pero antes de la expedición de la licencia de obras, la autoridad local revoque el acto administrativo de aprobación del instrumento urbanístico por motivos de ilegalidad.

El ÎCCJ respondió afirmativamente y estableció que: «La vigencia del instrumento urbanístico en vigor en la fecha de inicio del procedimiento de autorización se extiende de pleno derecho también en el supuesto de que, con posterioridad a ese momento, pero antes de la expedición de la licencia de obras, la autoridad pública local haya procedido a revocar el acto administrativo de aprobación del instrumento urbanístico por motivos de ilegalidad.»

El fallo se refiere de forma genérica al «instrumento urbanístico», por lo que la solución abarca, en principio, también el PUG y el plan urbanístico de detalle (PUD), y no solo el PUZ.

3. El razonamiento del Alto Tribunal

Conforme al artículo 56, apartado 5, letra a), de la Ley n.º 350/2001, la vigencia de los instrumentos urbanísticos se extiende de pleno derecho, para las inversiones iniciadas durante el período de vigencia, hasta su finalización, si en dicho período se inició, en las condiciones legales, el procedimiento de autorización. El ÎCCJ declaró lo siguiente:

  • el concepto de «vigencia» se refiere a la aptitud del acto para producir efectos jurídicos, aptitud que puede extinguirse por el vencimiento del plazo, pero también por la anulación o la revocación; por tanto, la norma no se limita al vencimiento del PUZ;
  • como momento de referencia, la ley exige que el procedimiento de autorización se haya iniciado durante el período de vigencia del instrumento, y no que el instrumento permanezca en vigor hasta la expedición de la licencia;
  • el procedimiento de autorización es unitario: comienza con la solicitud de expedición del certificado urbanístico, que establece el régimen técnico del inmueble, y concluye con la expedición de la licencia de obras;
  • la ilegalidad del acto normativo, constatada posteriormente, no puede eliminar retroactivamente los efectos jurídicos ya producidos en beneficio de un tercero de buena fe; el ÎCCJ invocó, por analogía, la Decisión del Tribunal Constitucional n.º 208/2025 y el principio de irretroactividad;
  • la norma persigue la protección de las inversiones en curso y de la confianza legítima del beneficiario en el instrumento urbanístico que, en la fecha de inicio del procedimiento, gozaba de la presunción de legalidad.

4. Lo que la decisión no dice

La decisión tiene un alcance limitado y sus efectos no deben sobrestimarse:

  • el ÎCCJ no examinó la legalidad de la revocación del PUZ ni ordenó la expedición de la licencia de obras en el caso concreto, sino que resolvió exclusivamente la cuestión de derecho que se le había planteado;
  • la decisión no crea un derecho incondicionado a la autorización: la autoridad emisora sigue verificando las demás condiciones legales (documentación completa, informes y autorizaciones, derecho sobre el terreno);
  • la protección se refiere únicamente a los proyectos cuyo procedimiento de autorización se inició mientras el instrumento urbanístico estaba en vigor; el PUZ revocado ya no puede utilizarse para proyectos nuevos;
  • la decisión se refiere a la revocación por la autoridad local; el supuesto de anulación del PUZ por el tribunal de lo contencioso-administrativo no ha sido resuelto, aunque los fundamentos de la decisión pueden invocarse también en ese caso;
  • no se resuelve la situación en la que el certificado urbanístico se solicitó antes de la revocación, pero se expidió después de esa fecha, ya que el fallo de la decisión, referido a la fecha de inicio del procedimiento, respalda la extensión de la vigencia, mientras que algunos fundamentos se refieren a la fecha de expedición del certificado.

5. Cuándo comienza el procedimiento de autorización

El momento clave es el inicio del procedimiento de autorización. Conforme al artículo 2, apartado 2¹, de la Ley n.º 50/1991, el procedimiento de autorización de la ejecución de obras de construcción comienza con la presentación de la solicitud de expedición del certificado urbanístico. Lo que cuenta es la fecha de presentación de esta solicitud, y no la fecha de presentación de la documentación para la licencia de obras.

En la práctica, el beneficiario debe poder acreditar la fecha de presentación de la solicitud del certificado urbanístico y que el PUZ estaba en vigor en esa fecha. Así pues, la prueba principal es la solicitud de expedición del certificado urbanístico, con el número y la fecha de registro ante la autoridad emisora. También son útiles el acuerdo de aprobación del PUZ, con su fecha de publicación, y el acuerdo de revocación, del que se desprende que la revocación se produjo después del inicio del procedimiento.

El certificado urbanístico recoge el régimen técnico del inmueble conforme al instrumento urbanístico vigente en la fecha de su expedición, de modo que todo el procedimiento se desarrolla al amparo de dicho instrumento. La revocación posterior del instrumento no puede fragmentar el procedimiento y someter sus fases a regímenes jurídicos distintos, a falta de una disposición legal expresa en ese sentido.

¿Le han denegado la licencia tras la revocación o la anulación del PUZ? Analizamos los documentos y determinamos si el procedimiento de autorización puede continuar.

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6. Anulación judicial del PUZ: qué ocurre con los certificados y las licencias

Mediante la Decisión n.º 10/2015, el ÎCCJ había establecido que la sentencia de anulación de un acto administrativo normativo produce efectos también sobre los actos singulares dictados en virtud de este, si estaban impugnados en procesos pendientes en la fecha de publicación de la sentencia. Tras la anulación de varios PUZ, esta interpretación se invocó para impugnar licencias de obras expedidas sobre la base de ellos, incluso para edificios en construcción.

Mediante la Decisión n.º 208/2025, el Tribunal Constitucional declaró que el artículo 23 de la Ley n.º 554/2004, en la interpretación dada por la Decisión ÎCCJ n.º 10/2015, es inconstitucional. El Tribunal consideró que la legalidad de un acto singular se aprecia en relación con la ley vigente en la fecha de su emisión y que los órganos jurisdiccionales deben analizar cada caso concreto. La anulación del PUZ no conlleva, por sí sola, la ilegalidad de las licencias ya expedidas.

En la actualidad, el Código de Urbanismo confirma que las licencias expedidas con infracción de las disposiciones legales pueden ser anuladas por el tribunal de lo contencioso-administrativo [artículo 360, apartado 2] y permite al tribunal acordar, a solicitud del titular y sobre la base de un peritaje técnico, el mantenimiento de las construcciones realizadas al amparo de una licencia anulada, cuando se hayan realizado de conformidad con las disposiciones legales y la normativa urbanística aplicables y si cumplen los requisitos fundamentales de calidad en la construcción (artículo 364). Para los procedimientos de autorización en curso en la fecha de anulación del PUZ, el Código de Urbanismo no contiene una regla expresa. Se limita a prever que, tras la anulación, pasan a ser directamente aplicables las disposiciones del PUG vigente [artículo 361, apartado 7] y que, tras la anulación judicial de una denegación injustificada, la autoridad no puede desestimar la nueva solicitud invocando las modificaciones posteriores del instrumento urbanístico [artículo 363, apartado 2].

7. Las disposiciones transitorias del Código de Urbanismo

El Código de Urbanismo entró en vigor el 25 de agosto de 2026. El régimen de las situaciones jurídicas en curso en la fecha de su entrada en vigor lo establece, principalmente, el artículo 582:

  • los procedimientos de elaboración, informe y aprobación de los instrumentos urbanísticos iniciados antes de la entrada en vigor del Código de Urbanismo siguen sujetos a la ley vigente en la fecha de su inicio [artículo 582, apartado 1]; la fecha de inicio es aquella en la que el acto administrativo en virtud del cual se inicia el procedimiento se pone en conocimiento de terceros [artículo 582, apartado 6];
  • los certificados urbanísticos expedidos antes de la entrada en vigor del Código de Urbanismo mantienen su vigencia, y las licencias de obras se expiden sobre la base de los informes exigidos en dichos certificados, conforme a la ley vigente en la fecha de expedición de los certificados [artículo 582, apartado 4].

El artículo 582 no prevé expresamente que el procedimiento de autorización iniciado bajo la Ley n.º 50/1991 siga, en su conjunto, sujeto a dicha ley, pero esta solución se desprende del principio tempus regit actum y la confirman las Aclaraciones del Ministerio de Desarrollo, Obras Públicas y Administración (MDLPA) sobre la aplicación del Código de Urbanismo. Según el MDLPA, todas las solicitudes registradas hasta el 24 de agosto de 2026 inclusive se resuelven conforme a la legislación vigente en la fecha de registro, es decir, la Ley n.º 50/1991, la Ley n.º 350/2001 y sus normas de aplicación, con independencia del objeto de la solicitud y de la fase del procedimiento.

Por tanto, para los procedimientos de autorización iniciados antes del 25 de agosto de 2026, sobre la base de un certificado urbanístico expedido conforme a la Ley n.º 50/1991 y de un instrumento urbanístico aprobado conforme a la Ley n.º 350/2001, la Decisión n.º 91/2026 sigue siendo directamente aplicable. Esta es también la situación del litigio que dio lugar a la cuestión planteada ante el ÎCCJ.

8. Qué prevé el Código de Urbanismo para los proyectos nuevos

También con la nueva regulación, el procedimiento de autorización comienza con la solicitud del certificado urbanístico (artículo 249 del Código de Urbanismo).

Con la regulación anterior (Ley n.º 50/1991), el certificado urbanístico se definía como un acto de información y, por regla general, no podía impugnarse separadamente de la licencia de obras. Con el Código de Urbanismo, el certificado urbanístico pasa a ser un acto administrativo singular, salvo el expedido exclusivamente con fines informativos. En el caso de los proyectos nuevos, esta característica supone un riesgo adicional para los inversores, ya que los terceros pueden impugnarlo directamente. Como acto singular que ya ha producido sus efectos jurídicos (intrat în circuitul civil), el certificado ya no puede ser revocado por la autoridad emisora, sino únicamente anulado por el tribunal, y los terceros solo pueden impugnarlo en los plazos previstos en el artículo 11 de la Ley n.º 554/2004.

Para los procedimientos de autorización iniciados después del 25 de agosto de 2026, el Código de Urbanismo mantiene la lógica del antiguo artículo 56, apartado 5, de la Ley n.º 350/2001:

  • las disposiciones del PUZ se aplican hasta su actualización o modificación mediante un instrumento urbanístico de rango igual o superior, y la vigencia del PUZ se extiende de pleno derecho hasta que concluya la implementación de los proyectos cuyo procedimiento de autorización se inició durante el período de vigencia [artículo 76, apartado 10];
  • el acuerdo de aprobación puede fijar un plazo de vigencia del PUZ; su vencimiento no afecta a las inversiones cuyo procedimiento de autorización se haya iniciado, en las condiciones legales, hasta la fecha de vencimiento [artículo 76, apartados 11 y 12];
  • por regla general, los instrumentos urbanísticos no tienen un plazo de vigencia limitado, sino que son válidos hasta la aprobación de un nuevo instrumento modificativo de rango igual o superior; las autoridades locales verifican cada 5 años su actualidad (artículo 109);
  • en caso de anulación de un PUZ por el tribunal de lo contencioso-administrativo, pasan a ser directamente aplicables las disposiciones del PUG vigente o del PUZ para la zona construida protegida [artículo 361, apartado 7].

El Código de Urbanismo no regula expresamente los efectos de la revocación del acuerdo de aprobación del PUZ sobre los procedimientos de autorización en curso. No obstante, la redacción del artículo 76, apartado 10, es próxima a la del antiguo artículo 56, apartado 5, y los argumentos del ÎCCJ sobre el sentido del concepto de «vigencia», el carácter unitario del procedimiento de autorización y la protección del beneficiario de buena fe son, en principio, válidos también con el Código de Urbanismo. Más incierta es la situación de la anulación judicial, para la que el artículo 361, apartado 7, del Código de Urbanismo prevé la aplicación directa del PUG vigente. Las autoridades podrían invocar este precepto para denegar la extensión de la vigencia del PUZ anulado, aunque no distingue entre los procedimientos nuevos y los que están en curso.

Con el Código de Urbanismo, el PUD puede ser un acto normativo o un acto singular, según sus características [artículo 110, apartado 1]. Un acto administrativo singular que ya ha producido sus efectos jurídicos ya no puede revocarse, sino únicamente anularse judicialmente, a instancia de su autor, en el plazo de un año [artículo 1, apartado 6, de la Ley n.º 554/2004].

9. Tres ejemplos prácticos

  • El certificado urbanístico se solicitó en marzo de 2025 y el consejo local revoca el PUZ en mayo de 2026: el procedimiento sigue sujeto a la ley anterior (artículo 582 del Código de Urbanismo) y la Decisión n.º 91/2026 se aplica directamente; la revocación no es, por sí sola, un motivo para denegar la expedición de la licencia de obras.
  • El PUZ es anulado mediante sentencia firme en 2026 y la licencia de obras expedida en 2024 sobre la base de este es impugnada por un vecino: la anulación solo produce efectos hacia el futuro, y el tribunal analiza la legalidad de la licencia en relación con la ley y el instrumento urbanístico vigentes en la fecha de su expedición (Decisión CCR n.º 208/2025).
  • El certificado urbanístico se solicitó en octubre de 2026, ya con el Código de Urbanismo, y el PUZ se revoca antes de la expedición de la licencia: se aplica el artículo 76, apartado 10, del Código de Urbanismo; a falta de una regla expresa sobre la revocación, el beneficiario puede invocar el razonamiento de la Decisión n.º 91/2026.

10. Qué pueden hacer los inversores

  • Prepare el expediente probatorio desde el principio. Conserve la prueba de la fecha en que presentó la solicitud de expedición del certificado urbanístico y compruebe qué instrumento urbanístico estaba en vigor en esa fecha.
  • Siga las sesiones del consejo local y los litigios relativos al PUZ sobre cuya base se expidió el certificado, incluidas las acciones de anulación interpuestas por terceros o por el prefecto. Los actos normativos pueden impugnarse en cualquier momento [artículo 11, apartado 4, de la Ley n.º 554/2004], por lo que la antigüedad del PUZ no excluye el riesgo. El beneficiario puede formular una solicitud de intervención adhesiva en apoyo de la autoridad, para defender la legalidad del PUZ.
  • Compruebe el plazo de vigencia del certificado urbanístico y de los informes: la extensión de la vigencia del PUZ no prorroga automáticamente estos plazos. Si el certificado vence, la autoridad puede sostener que una nueva solicitud inicia un nuevo procedimiento, regido por el instrumento urbanístico vigente en esa fecha. Presente la solicitud de licencia de obras lo antes posible y solicite con antelación las prórrogas, si son necesarias.
  • Si recibe una denegación de la licencia basada en la revocación del PUZ, invoque la Decisión n.º 91/2026 en el recurso administrativo previo y, posteriormente, en el recurso contencioso-administrativo. La argumentación debe construirse con cuidado, porque la autoridad invocará lo dispuesto en el artículo 361, apartado 7, del Código de Urbanismo.
  • Si la licencia ya expedida se impugna tras la anulación del PUZ, invoque la Decisión CCR n.º 208/2025, que estableció que la anulación del acto normativo no afecta automáticamente a los actos singulares válidamente dictados en virtud de este, y, en su caso, solicite el mantenimiento de la construcción sobre la base de un peritaje técnico (artículo 364 del Código de Urbanismo).
  • Si el PUZ es revocado, valore la conveniencia de impugnar el acuerdo de revocación. Se trata de un acto administrativo distinto, que puede impugnarse en vía contencioso-administrativa.
  • Traslade el riesgo al contrato. En las operaciones de adquisición de proyectos se recomiendan algunas protecciones contractuales: manifestaciones y garantías sobre la legalidad del PUZ y la inexistencia de litigios o de recursos administrativos previos; la expedición de la licencia de obras como condición suspensiva; mecanismos de ajuste del precio para el supuesto de revocación o anulación del PUZ antes de la obtención de la licencia de obras.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre la revocación y la anulación de un PUZ?

La revocación la decide el propio consejo local que aprobó el PUZ, mediante un acuerdo posterior. La anulación la pronuncia el tribunal de lo contencioso-administrativo, a instancia de una persona perjudicada o del prefecto, y solo produce efectos hacia el futuro. La Decisión ÎCCJ n.º 91/2026 se refiere a la revocación.

¿Qué establece la Decisión ÎCCJ n.º 91/2026?

La decisión establece que la vigencia del instrumento urbanístico en vigor al inicio del procedimiento de autorización se extiende de pleno derecho también si, antes de la expedición de la licencia de obras, la autoridad local revoca el acto de aprobación del instrumento por ilegalidad. La decisión es vinculante para los órganos jurisdiccionales desde su publicación en el Monitor Oficial de Rumanía, Parte I, n.º 923, de 3 de noviembre de 2026.

¿Puedo obtener la licencia de obras si el PUZ ha sido revocado?

Sí, si el procedimiento de autorización se inició mientras el PUZ estaba en vigor y se cumplen las demás condiciones legales. La revocación posterior no es, por sí sola, un motivo de denegación. Si la autoridad la deniega de todos modos, el beneficiario puede interponer un recurso administrativo previo y, después, un recurso contencioso-administrativo, invocando la Decisión n.º 91/2026.

¿Qué ocurre con la licencia de obras si el PUZ es anulado judicialmente?

La licencia no se anula automáticamente. Desde la Decisión CCR n.º 208/2025, la legalidad de la licencia se analiza caso por caso, en relación con la ley vigente en la fecha de su expedición. Para la zona en cuestión pasan a ser aplicables las disposiciones del PUG. Si la licencia se anula de todos modos, el tribunal puede acordar el mantenimiento de la construcción sobre la base de un peritaje técnico.

¿Se aplica la decisión tras la entrada en vigor del nuevo Código de Urbanismo?

La decisión se aplica directamente a los procedimientos iniciados antes del 25 de agosto de 2026, que siguen sujetos a la ley anterior. Para los procedimientos iniciados con posterioridad, el Código de Urbanismo contiene una regla similar sobre la extensión de pleno derecho de la vigencia del PUZ (artículo 76, apartado 10). Por tanto, el razonamiento de la decisión es, en principio, aplicable también con la nueva regulación, aunque el Código de Urbanismo no regula expresamente los efectos de la revocación.

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Este material tiene carácter exclusivamente informativo y general y no constituye asesoramiento jurídico. El régimen jurídico aplicable debe analizarse en función de la situación concreta de cada proyecto y de la legislación vigente en la fecha del análisis.