Un proveedor establecido en Alemania, Italia o Turquía entrega mercancías a un cliente en Rumanía, pero las facturas emitidas quedan impagadas, y una sociedad rumana pretende recuperar créditos frente a un socio comercial en dificultades financieras. En tales situaciones, el acreedor puede disponer, en función de las particularidades de la relación jurídica y de las condiciones legales aplicables, de varias vías para el cobro del crédito, como la negociación amistosa, el procedimiento de requerimiento de pago (ordonanța de plată), el procedimiento de las demandas de escasa cuantía (cerere cu valoare redusă), los procesos europeos de cobro de créditos o la acción ordinaria (acțiune de drept comun), seguidos, cuando sea necesario y en las condiciones previstas por la ley, de la ejecución forzosa.

La elección depende del importe del crédito, de la documentación y del riesgo de oposición. Las normas principales se encuentran en la Ley n.º 134/2010 del Código de Procedimiento Civil, republicada («CPC rumano»), y en la Ley n.º 287/2009 del Código Civil, republicada («Código Civil»), y, para los litigios transfronterizos, en los reglamentos de la Unión Europea.

1. La fase amistosa: la notificación y la constitución en mora

El primer paso recomendado para recuperar un crédito es el envío de una notificación escrita en la que el acreedor indique la cantidad adeudada, los documentos justificativos (contratos, facturas, actas de recepción) y el plazo concedido para efectuar el pago; esta fase puede conducir al pago voluntario de la deuda o a la negociación de un aplazamiento y constituye, al mismo tiempo, un medio de prueba en caso de litigio.

El deudor puede ser constituido en mora mediante notificación o mediante la demanda judicial (artículo 1522, apartado 1, del Código Civil). En las obligaciones de pago asumidas en el ejercicio de la actividad de una empresa, el deudor incurre en mora de pleno derecho al vencimiento (artículo 1523 del Código Civil).

La notificación se envía al domicilio social del deudor, por medio de agente judicial de ejecución o por carta certificada con declaración de contenido y acuse de recibo.

2. El requerimiento de pago (ordonanța de plată)

El requerimiento de pago (artículos 1014 a 1025 del CPC rumano) es el procedimiento especial más utilizado por los acreedores que cuentan con documentación clara y no tiene límite de cuantía.

  • requisitos: un crédito cierto, líquido y exigible, consistente en el pago de una cantidad de dinero, que derive de un contrato civil, incluido un contrato celebrado con un poder adjudicador, y que esté acreditado mediante un documento o determinado conforme a un documento aceptado por las partes [artículo 1014, apartado 1, del CPC rumano]; el procedimiento no se aplica a los créditos incluidos en la masa pasiva en el concurso de insolvencia;
  • el requerimiento previo: el acreedor notifica al deudor, por medio de agente judicial de ejecución o por carta certificada con declaración de contenido y acuse de recibo, un requerimiento de pago en el que le concede un plazo de 15 días desde su recepción para saldar la deuda, conforme al artículo 1015 del CPC rumano;
  • el requerimiento puede interrumpir la prescripción extintiva en las condiciones del artículo 2540 del Código Civil, si va seguido de la presentación de la demanda en el plazo de 6 meses, y la falta de aportación de la prueba de la notificación del requerimiento conlleva la desestimación de la demanda por inadmisible, conforme al artículo 1017, apartado 2, del CPC rumano;
  • el tribunal: el competente para conocer del fondo en primera instancia (artículo 1016 del CPC rumano), es decir, el juzgado de primera instancia (judecătoria) para créditos de hasta 200.000 lei inclusive, o el tribunal de distrito (tribunalul) para los créditos que superen dicho umbral;
  • el requerimiento: el tribunal fija un plazo de pago de 10 días como mínimo y de 30 días como máximo desde la notificación (artículo 1022, apartado 3, del CPC rumano); el procedimiento concluye, por regla general, en 45 días, sin contar el tiempo de notificación de los actos (artículo 1023 del CPC rumano);
  • el recurso: el deudor puede presentar una demanda de anulación (cerere în anulare) en el plazo de 10 días desde la entrega o la notificación del requerimiento (artículo 1024 del CPC rumano), y el requerimiento es ejecutivo aunque sea impugnado (artículo 1025 del CPC rumano).

Si el deudor impugna el crédito y el tribunal desestima la solicitud, el acreedor puede interponer una acción ordinaria (artículo 1021 del CPC rumano). La tasa judicial es fija y asciende a 200 lei [artículo 6, apartado 2, de la Ordenanza de Urgencia del Gobierno n.º 80/2013 sobre las tasas judiciales («OUG n.º 80/2013»)].

3. La demanda de escasa cuantía

El procedimiento relativo a las demandas de escasa cuantía (artículos 1026 a 1033 del CPC rumano) se aplica si el valor de la demanda, sin intereses, costas procesales y otros accesorios, no supera los 50.000 lei en la fecha de presentación ante el tribunal. El umbral se elevó desde 10.000 lei mediante la Ley n.º 57/2025, publicada en el Monitor Oficial de Rumanía, Parte I, n.º 433, de 12 de mayo de 2025.

  • es competente el juzgado de primera instancia (judecătoria), y la demanda se presenta en el formulario aprobado por orden del ministro de Justicia;
  • el procedimiento es, por regla general, escrito, sin citación de las partes;
  • la tasa judicial es de 50 lei hasta 2.000 lei y de 200 lei por encima de dicho importe (artículo 6, apartado 1, de la OUG n.º 80/2013).

El procedimiento no exige la notificación de un requerimiento previo ni la existencia de un documento aceptado por el deudor, y puede constituir una alternativa al requerimiento de pago incluso cuando el crédito es impugnado, en la medida en que la naturaleza del litigio y las pruebas necesarias permitan resolverlo en el marco del procedimiento especial.

4. Los procesos europeos: cuándo los elige un acreedor extranjero

Los dos procesos europeos se aplican a los litigios transfronterizos en materia civil y mercantil, es decir, cuando al menos una de las partes tiene su domicilio o residencia habitual en un Estado miembro distinto del Estado miembro del órgano jurisdiccional. Dinamarca no participa en estos procesos.

  • el Reglamento (CE) n.º 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo («Reglamento n.º 1896/2006»), se aplica a los créditos pecuniarios líquidos y exigibles en la fecha de presentación de la petición, sin límite de cuantía; si el deudor no presenta escrito de oposición en 30 días, el requerimiento europeo de pago adquiere fuerza ejecutiva y puede ejecutarse en los demás Estados miembros participantes sin exequátur; si se presenta oposición, el litigio continúa conforme al procedimiento ordinario;
  • el Reglamento (CE) n.º 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, por el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía («Reglamento n.º 861/2007»), modificado por el Reglamento (UE) 2015/2421, se aplica a las demandas cuyo valor no supere los 5.000 EUR, sin incluir intereses, gastos ni otros costes; el procedimiento es, por regla general, escrito y se desarrolla mediante formularios normalizados, y la sentencia dictada es reconocida y ejecutada en los demás Estados miembros participantes sin exequátur.

Un acreedor establecido en Alemania, Austria, Italia, Francia o España puede utilizar los procesos europeos contra un deudor rumano ante los órganos jurisdiccionales rumanos competentes o, en su caso, ante los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro, si estos son competentes con arreglo al Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil («Reglamento Bruselas I bis»), siendo relevantes, entre otros, el lugar de entrega de las mercancías y los eventuales acuerdos atributivos de competencia. Si existe riesgo de oposición, el requerimiento de pago o la demanda de escasa cuantía ante el tribunal rumano son, por regla general, más rápidos.

Un acreedor establecido en Turquía o China que demanda a un deudor rumano ante un tribunal rumano no cumple, en esta situación, el requisito del carácter transfronterizo, ya que ninguna de las partes tiene su domicilio en un Estado miembro distinto del del tribunal que conoce del asunto, y puede utilizar los procedimientos nacionales de cobro de créditos. La petición de requerimiento europeo de pago está sujeta a una tasa judicial de 200 lei (artículo 6, apartado 2, de la OUG n.º 80/2013).

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5. La acción ordinaria y la competencia de los tribunales

La mera impugnación del crédito no excluye el requerimiento de pago ni el procedimiento de las demandas de escasa cuantía.

La acción ordinaria resulta especialmente adecuada cuando la resolución del litigio exige la práctica de una prueba compleja, incompatible con los procedimientos especiales, o cuando no se cumplen los requisitos de admisibilidad de estos.

Asimismo, la reclamación de daños y perjuicios no impone automáticamente el recurso al procedimiento ordinario. Por ejemplo, los intereses y determinadas indemnizaciones derivadas del retraso en el pago también pueden reclamarse mediante procedimientos especiales, en las condiciones previstas por la ley.

En concreto:

  • competencia objetiva: el juzgado de primera instancia (judecătoria) para las demandas de hasta 200.000 lei inclusive, el tribunal de distrito (tribunalul) por encima de dicho importe (artículo 94, punto 1, letra k), y artículo 95 del CPC rumano);
  • competencia territorial: por regla general, el tribunal del domicilio social del deudor; para los créditos contractuales, también el tribunal del lugar de cumplimiento de la obligación indicado en el contrato;
  • en los litigios con elemento de extranjería dentro de la UE se aplica el Reglamento Bruselas I bis; una cláusula de elección de foro o un convenio arbitral puede cambiar el tribunal competente;
  • la tasa judicial se calcula proporcionalmente al valor de la demanda (artículo 3 de la OUG n.º 80/2013).

Sobre el efecto de los recursos en el cobro hemos escrito en el artículo dedicado al litigio mercantil ganado y el cobro del crédito.

6. Las medidas cautelares: el embargo preventivo de bienes y de créditos

Para evitar que el deudor enajene sus bienes durante el proceso, el acreedor puede solicitar al tribunal medidas cautelares, que los dejan indisponibles hasta la obtención del título ejecutivo:

  • el embargo preventivo (sechestru asigurător) de bienes muebles e inmuebles: puede solicitarlo el acreedor con un crédito acreditado por escrito y exigible que haya interpuesto la acción, y el tribunal puede obligarle a prestar caución; si el crédito no consta por escrito, la caución asciende a la mitad del valor de la cantidad reclamada (artículo 953, apartados 1 y 2, del CPC rumano);
  • el embargo preventivo puede acordarse también para un crédito no exigible, si existe peligro de que el deudor oculte su patrimonio (artículo 953, apartado 3, del CPC rumano);
  • el embargo preventivo de créditos (poprire asigurătorie) sobre las cantidades adeudadas al deudor por terceros, incluidas las cuentas bancarias (artículos 970 y 971 del CPC rumano), sin que el acreedor esté obligado a identificar las entidades bancarias en la solicitud de embargo;

7. La ejecución forzosa

Pueden constituir títulos ejecutivos, en las condiciones previstas por la ley, el requerimiento de pago, la resolución dictada en el procedimiento de las demandas de escasa cuantía, las sentencias firmes dictadas en las acciones ordinarias, el requerimiento europeo de pago declarado ejecutivo, los documentos públicos notariales que cumplan los requisitos legales, así como los títulos valores, incluidos la letra de cambio, el pagaré y el cheque.

En concreto:

  • la ejecución forzosa se lleva a cabo únicamente por medio de un agente judicial de ejecución, nombrado por el ministro de Justicia, cuya competencia territorial se determina en función de la modalidad de ejecución, del lugar donde se encuentren los bienes embargados o del domicilio o domicilio social del deudor (artículo 652 del CPC rumano);
  • el agente judicial de ejecución solicita al tribunal, en un plazo máximo de 3 días desde la solicitud del acreedor, la autorización judicial de la ejecución forzosa (încuviințarea executării), y el tribunal resuelve la solicitud en un plazo máximo de 7 días desde su registro, en sala de deliberaciones, sin citación de las partes, sin que las resoluciones judiciales y los demás títulos ejecutivos estén ya sujetos al procedimiento separado de despacho de la fórmula ejecutiva (artículo 666 del CPC rumano);
  • la autorización de la ejecución forzosa surte efectos en todo el territorio de Rumanía, y el acreedor puede solicitar, de forma simultánea o sucesiva, el uso de las modalidades de ejecución previstas por la ley, incluidos el embargo de cuentas bancarias y la ejecución sobre bienes muebles e inmuebles; el deudor puede defenderse mediante la oposición a la ejecución.

Las resoluciones judiciales dictadas en otros Estados miembros de la Unión Europea que entren en el ámbito de aplicación del Reglamento Bruselas I bis pueden ejecutarse en Rumanía sin necesidad de un procedimiento separado de declaración de ejecutividad (exequátur), mientras que las resoluciones dictadas en terceros Estados están sujetas, por regla general, a los procedimientos de reconocimiento y autorización de la ejecución previstos en la legislación rumana, sin perjuicio de lo dispuesto en los convenios internacionales aplicables. Más información en el artículo sobre la ejecución de resoluciones extranjeras en Rumanía.

8. Los intereses de demora

  • si las partes han pactado en el contrato un interés de demora o penalizaciones, se aplican estos, dentro de los límites legales; de lo contrario, se aplica el interés legal de demora (dobânda legală penalizatoare);
  • la Ordenanza n.º 13/2011 sobre el interés legal remuneratorio y de demora para las obligaciones pecuniarias, así como sobre la regulación de determinadas medidas financiero-fiscales en el ámbito bancario («Ordenanza n.º 13/2011»), fija el interés legal por referencia al tipo de referencia del Banco Nacional de Rumanía («BNR»); en las relaciones entre profesionales y entre estos y los poderes adjudicadores, el interés legal de demora es igual al tipo de referencia del BNR más 8 puntos porcentuales [artículo 3, apartado 2¹, de la Ordenanza n.º 13/2011];
  • la Ley n.º 72/2013 sobre las medidas de lucha contra la morosidad en el cumplimiento de las obligaciones de pago de cantidades de dinero derivadas de contratos celebrados entre profesionales y entre estos y poderes adjudicadores («Ley n.º 72/2013») establece, por regla general, un plazo de pago de 60 días naturales en las relaciones entre profesionales y de 30 días naturales para los poderes adjudicadores, pudiendo el acreedor reclamar una cantidad mínima equivalente a 40 EUR en concepto de indemnización adicional por daños y perjuicios;
  • las cláusulas contractuales que excluyen la posibilidad de aplicar intereses de demora o que fijan intereses de demora inferiores al interés legal de demora se califican como abusivas y están afectadas de nulidad absoluta.

9. La prescripción

El derecho a ejercitar la acción prescribe, por regla general, en el plazo de 3 años (artículo 2517 del Código Civil). La prescripción se interrumpe, entre otros supuestos, por el reconocimiento expreso o tácito de la deuda (por ejemplo, un pago parcial), por la presentación de la demanda o por la notificación del requerimiento en el marco del procedimiento de requerimiento de pago. Una vez obtenido el título ejecutivo, el derecho a solicitar la ejecución forzosa prescribe también en el plazo de 3 años, salvo que la ley disponga otra cosa [artículo 706, apartado 1, del CPC rumano].

10. La insolvencia del deudor

El acreedor titular de un crédito cierto, líquido y exigible desde hace más de 60 días puede solicitar la apertura del procedimiento de insolvencia contra el deudor, si el importe del crédito, tras la compensación de las eventuales deudas recíprocas, supera el umbral de 50.000 lei.

Conforme a la Ley n.º 85/2014 sobre los procedimientos de prevención de la insolvencia y de insolvencia («Ley n.º 85/2014»), desde la fecha de apertura del procedimiento de insolvencia se suspenden de pleno derecho las acciones judiciales y extrajudiciales y las ejecuciones forzosas que tengan por objeto el cobro de créditos sobre el patrimonio del deudor, con las excepciones previstas en el artículo 75, apartado 2, de la Ley n.º 85/2014.

Los acreedores cuyos créditos sean anteriores a la apertura del procedimiento deben, por regla general, presentar ante el tribunal de distrito solicitudes de admisión de créditos en el plazo fijado en la resolución de apertura del procedimiento, plazo que, en principio, no puede superar los 45 días desde la apertura, con independencia de que dispongan o no de un título ejecutivo. El incumplimiento del plazo conlleva, por regla general, la pérdida del derecho a figurar en la lista de acreedores (artículo 114 de la Ley n.º 85/2014).

11. El idioma de los documentos y las traducciones

  • el proceso civil se desarrolla en lengua rumana (artículo 18 del CPC rumano);
  • los documentos redactados en una lengua extranjera se presentan en copia compulsada, acompañados de una traducción legalizada realizada por un traductor autorizado (artículo 150 del CPC rumano);
  • los formularios europeos presentados ante un tribunal rumano se cumplimentan en lengua rumana.

Qué debe hacer

  • Reúna el contrato, las facturas, las pruebas de entrega y la correspondencia en la que el deudor haya reconocido la deuda.
  • Compruebe al deudor en la ONRC (Oficina Nacional del Registro Mercantil) y en el Boletín de procedimientos de insolvencia, y calcule el plazo de prescripción.
  • Envíe la notificación o el requerimiento por medio de agente judicial de ejecución o por carta certificada con declaración de contenido y acuse de recibo.
  • Elija el procedimiento en función de la cuantía, del riesgo de oposición y del domicilio de las partes.
  • Valore una solicitud de embargo preventivo de bienes o de embargo preventivo de créditos antes de que el deudor tenga conocimiento del proceso.
  • Si es usted una sociedad extranjera, prepare las traducciones legalizadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto dura el recobro de una deuda en Rumanía?

El requerimiento de pago se resuelve, por regla general, en 45 días, sin contar el plazo de notificación de los actos; una acción ordinaria con apelación puede durar uno o dos años. La ejecución depende de los bienes del deudor.

¿Qué es el requerimiento de pago (ordonanța de plată)?

Un procedimiento especial por el que cualquier acreedor, rumano o extranjero, obtiene un título ejecutivo para un crédito cierto, líquido y exigible, tras un requerimiento de pago de 15 días.

¿Puede una empresa de Alemania o Austria utilizar el requerimiento europeo de pago contra un deudor rumano?

Sí. El requerimiento europeo de pago es eficaz si el deudor no lo impugna; si presenta escrito de oposición en 30 días, el litigio continúa conforme al procedimiento ordinario.

¿Cuál es el umbral de la demanda de escasa cuantía en Rumanía?

50.000 lei en el procedimiento nacional, sin intereses ni gastos, según el CPC rumano, y 5.000 EUR en el proceso europeo.

¿En cuánto tiempo prescribe una factura impagada?

Por regla general, a los 3 años desde el vencimiento. El plazo se interrumpe si el deudor reconoce la deuda, si el acreedor presenta una demanda ante el tribunal o si notifica el requerimiento del procedimiento de requerimiento de pago.

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Este material tiene carácter exclusivamente informativo y general y no constituye asesoramiento jurídico. El régimen jurídico aplicable debe analizarse en función de la situación concreta de cada crédito y de la legislación vigente en la fecha del análisis.